Texto : Arturo Villalpando

Los comicios de ese año resultaron muy complicados. Para su calificación el Instituto Federal Electoral (IFE), le entregó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un expediente cargado de impugnaciones, y con una diferencia marginal de votos entre los dos primeros lugares, algo nunca visto en la larga historia electoral de nuestro país. En tanto en las calles el reclamo político exigía el recuento total de votos ante la sospecha de haber sido maquinado un fraude a favor del candidato oficial. Era preludio de una crisis de insospechadas dimensiones.

Los magistrados ordenaron la revisión de casi 10 por ciento de las casillas, reduciéndose mucho más la distancia entre Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador.

El resultado daba sentido a la exigencia del conteo total de los sufragios, porque en márgenes tan cerrados, antes que la presunción de haber sido maquinado un fraude, la enmienda de errores aritméticos podría darle un vuelco al resultado. El grito de “voto por voto, casilla por casilla” retumbaba en las calles, y la resistencia de la autoridad atizó las sospechas de que se torcía la voluntad ciudadana.

El procedimiento exigido no estaba previsto en la ley, pero en aras de blindar el proceso se podría haber impulsado una interpretación mucho más amplia. El asunto era estrictamente político y los magistrados decididos a eludir todo riesgo validaron por unanimidad una elección con muchas dudas, no obstante que en su mismo dictamen reconocieron que el presidente Fox, primer interesado en hacer valer el marco legal, intervino ilegalmente en el proceso para favorecer al candidato panista.

Con su fallo la máxima instancia jurisdiccional dejó intacto el conflicto, y de su beneplácito llegó al poder un gobernante marcado por la sombra de la ilegitimidad, porque muy pocos, apenas los de su corriente política, dieron por bueno, suficiente y legal, un triunfo con una pírrica diferencia del 0.56 por ciento de los votos.